El gobierno de Morales aprieta el control del enorme acervo de registros de derechos humanos
Washington, D.C., 30 de mayo de 2019 - El Archivo de Seguridad Nacional se une a nuestros colegas internacionales y guatemaltecos para pedir la protección del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) de Guatemala, que enfrenta nuevas amenazas sobre su independencia y el acceso público de sus bienes.
En una conferencia de prensa el lunes 27 de mayo, el Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, señaló su intención de reafirmar el control de su dependencia sobre el AHPN, incluyendo la perspectiva de nuevas restricciones sobre el acceso a los registros policiales archivados y una posible acción legal contra "instituciones extranjeras" que posean copias digitalizadas de los documentos. Degenhart hizo sus declaraciones mientras se aproxima el plazo crucial para renovar un acuerdo que durante una década ha mantenido el archivo bajo la autoridad del Ministerio de Cultura y Deportes. El acuerdo parece estar en riesgo ahora mismo.
La amenaza contra el AHPN se produce en un momento en que las iniciativas en materia de justicia y derechos humanos se encuentran bajo asedio en general en Guatemala y después de meses de incertidumbre para el reconocido archivo de derechos humanos, que ha estado institucionalmente a la deriva desde que su director por mucho tiempo, Gustavo Meoño Brenner, fuera despedido abruptamente en agosto de 2018.
Desde su descubrimiento en 2005, el AHPN ha jugado un papel central en los intentos en Guatemala por enfrentarse con su sangriento pasado. Las familias de los desaparecidos, académicos y fiscales han contado con sus registros de más de un siglo de historia de la antigua Policía Nacional. La institución se ha convertido en un modelo en toda América Latina y alrededor del mundo para el rescate y la preservación de registros históricos vitales.
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Antecedentes históricos y amenazas presentes sobre el AHPN
por Kate Doyle
En una conferencia de prensa el lunes 27 de mayo, el Ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhart, señaló su intención de reafirmar el control de su dependencia sobre el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) del país. Alegó que la ley vigente requiere nuevas restricciones al acceso a los registros policiales archivados y advirtió a las "instituciones extranjeras" que posean copias digitalizadas de los documentos que el gobierno estaba considerando la posibilidad de emprender acciones legales en su contra. Degenhart hizo sus declaraciones al momento en que se aproxima el plazo crucial para renovar un acuerdo que por el lapso de una década ha mantenido al archivo bajo la autoridad del Ministerio de Cultura y Deportes. El acuerdo parece encontrarse en riesgo.
Los comentarios aparecen después de meses de incertidumbre para el reconocido archivo de derechos humanos, que ha estado institucionalmente a la deriva desde que su director por mucho tiempo, Gustavo Meoño Brenner, fuera despedido abruptamente en agosto de 2018. Tras la salida de Meoño, el Ministerio de Cultura y la oficina guatemalteca del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -responsable de la administración de las donaciones internacionales para el AHPN - instituyeron recortes drásticos sobre el presupuesto del archivo y su personal. Las dos dependencias acordaron eliminar el puesto de director y inclinándose por un "enlace técnico"; contrataron a un archivero capacitado, sin experiencia en derechos humanos para cubrirlo. Despidieron a todos menos a un miembro del equipo de investigación dedicado a localizar y analizar los registros policiales que contienen información sobre las campañas ilegales de terror de Estado durante las décadas de 1970 y 1980.
La amenaza contra el AHPN se produce en un momento en que las iniciativas en materia de justicia y derechos humanos se encuentran bajo asedio en general en Guatemala. Los ataques provienen de de todas las ramas del gobierno. En enero de 2019, el presidente Jimmy Morales ordenó el cierre de la CICIG, la comisión patrocinada por la ONU que durante más de una década ayudó a llevar a juicio casos de corrupción y crimen organizado. El Congreso ha presentado varias versiones de un proyecto de ley de amnistía aspirando a liberar de prisión a grupos de ex miembros del Ejército, la policía y los paramilitares declarados culpables de graves crímenes contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Aunque ninguno de los proyectos de ley ha sido aprobado todavía, cuelgan como la espada de Damocles sobre las víctimas de crímenes contra los derechos humanos y sus familias. Y en marzo, un juez emitió una orden de arresto contra la ex fiscal general Thelma Aldana -conocida durante su mandato por la persecución de importantes delitos por corrupción y contra los derechos humanos- acusándola de malversación de fondos y otros delitos. Aldana ha negado categóricamente los cargos, pero la medida anuló sus esperanzas de competir como candidata en las próximas elecciones presidenciales previstas para el 16 de junio.
Desde su descubrimiento en 2005, el Archivo Histórico de la Policía Nacional ha jugado un papel clave en los intentos de Guatemala por enfrentarse con su sangriento pasado. Contiene los archivos de más de un siglo de historia institucional de la antigua Policía Nacional, incluyendo millones de páginas que relatan las políticas represivas del Estado contra los ciudadanos guatemaltecos durante los 36 años de conflicto armado interno (1960-96). Sus registros han sido utilizados por las familias de los desaparecidos para investigar el destino de sus seres queridos, los académicos han utilizado la colección para examinar la historia de la guerra de guerrillas y las políticas brutales de contrainsurgencia, y los fiscales han incorporado sus registros como evidencias en algunos de los casos penales más importantes de derechos humanos juzgados en las cortes guatemaltecas.
El AHPN también ofrece un patrimonio documental sobre la historia social del país, la historia del orden público y el papel de la policía. A lo largo de los años, se ha convertido en un modelo en toda América Latina y alrededor del mundo por el extraordinario logro de su personal y de sus directivos en el rescate de la enorme colección abandonada, y por su trabajo profesional desde entonces en la preservación de los registros, garantizando el acceso público y la realización de investigaciones de vital relevancia en la actualidad.
Pero pese a todos sus logros, el Archivo de la Policía ha existido en un estado legal y fiscal precario desde su descubrimiento hace casi 14 años. Como repositorio de los registros históricos de una antigua fuerza de seguridad del gobierno, funcionó por definición bajo la autoridad del Estado; sin embargo, con excepción de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) -que encontró el archivo en total descuido en 2005 y lo administró hasta 2009-, el Estado nunca asumió el liderazgo en la supervisión del AHPN ni la responsabilidad financiera de sus operaciones. En cambio, los fondos para el archivo procedían de gobiernos extranjeros -incluidos millones de dólares de los Estados Unidos- y de organizaciones internacionales, y fluían primeramente, a través del PNUD. En los últimos años, ese financiamiento se redujo de forma precipitada, ya que la atención de muchos gobiernos se desvió hacia otros países y otras prioridades.
Para complicarlo aún mas, cuando se descubrió el archivo, la entidad estatal con autoridad directa sobre él era el Ministerio de Gobernación, que controla las fuerzas de seguridad del país, sus propiedades y sus registros. Reconociendo el peligro potencial de esa posición, la PDH y el AHPN -bajo el ex director Meoño- trabajaron con el gobierno del entonces presidente Álvaro Colom para negociar la transferencia del archivo del Ministerio de Gobernación al Ministerio de Cultura y Deportes, que ya era la sede institucional de los Archivos Generales de América Central (archivos nacionales) del país. La transferencia se realizó a través de un acuerdo firmado en 2009, por el que se transmiten a Cultura los registros físicos y el terreno sobre el que se asienta el AHPN, un pequeño territorio dentro de una enorme base policial en la Zona 6 de la Ciudad de Guatemala. El acuerdo termina el 30 de junio de este año y debe renegociarse y volverse a firmar para continuar.
Aun con el acuerdo vigente, permanecía el problema de que el AHPN como institución nunca fue formalmente acreditado a través de ningún instrumento de la legislación guatemalteca, lo que la hacía permanentemente vulnerable. Actualmente el gobierno está moviéndose hacia esa vulnerabilidad. El actual Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, es uno de los asesores más cercanos de Jimmy Morales. Ha ayudado a la campaña presidencial para cerrar la CICIG y ha apoyado agresivamente los esfuerzos para capturar a la ex Fiscal General Aldana. Sus comentarios del lunes sobre el Archivo Policial son el indicio más fuerte de que el gobierno tiene la intención de intervenir enérgicamente en las operaciones y funciones del AHPN.
Degenhart se refirió a la colección como el "Archivo Histórico de la Policía Nacional Civil" - imponiendo incorrectamente el nombre de la fuerza de seguridad que él dirige por el de la Policía Nacional, que fue abolida en 1997 por los acuerdos de paz por su papel en el asesinato, desaparición y tortura de ciudadanos guatemaltecos durante el conflicto. Se enfureció ante las preguntas de los periodistas sobre su autoridad sobre el AHPN, diciendo: "Es totalmente impensable el hecho de que el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil no tenga ninguna participación en el manejo de sus propios archivos".
Degenhart invocó repetidamente la Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala durante sus observaciones, no para promover el acceso abierto a los registros policiales, sino para insistir en que los registros del AHPN contienen "información restringida" definida por la ley y deben ser "protegidos" (en otras palabras, censurados). En su concepto de información restringida por la ley, incluía la "identificación de personas", que merecen un "tratamiento especial". Degenhart no hizo ninguna referencia al artículo 24 de la ley de acceso a la información, que establece que "en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad".
El Ministro de Gobernación también arremetió contra la decisión del AHPN de proporcionar al gobierno de Suiza y a la Universidad de Texas en Austin copias digitalizadas completas de los registros policiales. El ex director Meoño y otros altos funcionarios tomaron la decisión hace años de asegurar que existiera una copia de seguridad en caso de que se produjera un ataque contra el archivo y para hacer posible el acceso a la colección desde fuera de Guatemala. Aunque Degenhart era impreciso sobre el futuro inmediato del Archivo Policial, tenía muy clara la intención del gobierno de alterar los acuerdos de intercambio.
"Lo que sí, no vamos a permitir es que de forma masiva esos archivos sigan saliendo al exterior del país", declaró. Cuando un periodista preguntó por qué, respondió: "Porque es información sensible, de seguridad nacional, protegida por la Ley de Acceso a la Información Pública. No pueden haber instituciones extrajeras que tengan los archivos completos. Eso no se puede". Advirtió que el gobierno estaba preparando acciones legales para impugnar los acuerdos.
El AHPN no es el único archivo que sirve para fines de derechos humanos que se encuentra bajo ataque en Guatemala. Los medios de comunicación guatemaltecos informaron a finales de marzo que tanto la jefa del Archivo General de la Corte Suprema -Rossana Aracely Alvarado Cortez- como el jefe del Sistema de Información de la Corte -Daniel Girón- fueron presionados para renunciar por funcionarios del Organismo Judicial. Entre los documentos bajo el cuidado de Alvarado se encontraban los registros recopilados por los tribunales guatemaltecos en la preparación de los casos para juicios, incluyendo informes periciales, declaraciones de testigos y material probatorio. Dado que los tribunales incluyen los tribunales especiales de "alto riesgo" que se ocupan de casos de corrupción y de derechos humanos, la falta de un director podría hacer que el archivo sea vulnerable a la interferencia.
Un alto funcionario del Departamento de Justicia buscado para que hiciera comentarios sobre las renuncias forzadas, las llamó "la destrucción de la justicia" y un ataque directo a la institución.
Otro archivo bajo tensión es la colección de registros del antiguo Estado Mayor Presidencial (EMP), ubicado dentro del Archivo General de Centroamérica, el archivo nacional de Guatemala. Durante el conflicto armado, el EMP era una unidad de inteligencia militar al servicio del Jefe de Estado, que se convirtió en un notorio instrumento de represión y violencia. Algunos de sus archivos fueron rescatados y copiados por grupos de derechos humanos después de que el presidente Alfonso Portillo disolviera el EMP en 2003, y la colección se trasladó a los archivos nacionales en 2012. Según una columna reciente de El Periódico, el personal que gestionaba los expedientes EMP fue despedido en marzo. "Como resultado -escribió el autor Manolo Vela Castañeda-, a partir de abril, el trabajo de catalogación se ha detenido y no hay nadie que atienda las solicitudes de información...".
En respuesta a las acciones del gobierno, un amplio colectivo de simpatizantes del AHPN se ha presentado para defender el Archivo de la Policía. Tras el despido de Meoño en 2018, un grupo asesor de la sociedad civil integrado por líderes de derechos humanos, académicos, abogados y expertos en reforma de la justicia guatemalteca se movilizó y ha estado presente de manera constante en las discusiones sobre el futuro del archivo. Cientos de aliados internacionales del AHPN -incluyendo historiadores, grupos de derechos humanos y archiveros de todo el mundo- firmaron una carta pidiendo la protección del archivo el verano pasado. El Archivo de Seguridad Nacional envió a esta analista por dos semanas a reuniones y conversaciones con los principales interesados el pasado mes de octubre. Y el respetado archivero español, el Dr. Antonio González Quintana, escribió un informe exhaustivo sobre el Archivo Policial que evalúa su estado actual y describe una estrategia detallada para fortalecer el AHPN a futuro. El informe se entregó al PNUD en febrero.
Más recientemente, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Archivos sin Fronteras, la Asociación Guatemalteca de Amigos de la UNESCO y la Fundación Myrna Mack, entre muchas otras organizaciones, han emitido declaraciones de protesta contra la injerencia del gobierno en el AHPN. El 16 de mayo, el Fiscal de Derechos Humanos Jordan Rodas Andrade presentó una denuncia ante los tribunales contra los Ministerios de Cultura y Gobernación para obligarlos a renovar el acuerdo que garantiza la continuidad de su ocupación de la base policial en la Zona 6 y la preservación de sus documentos.
El Archivo de Seguridad Nacional se une a nuestros colegas internacionales y guatemaltecos en el llamado a la protección del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala.
Específicamente, el Archivo de Seguridad Nacional exige junto a nuestros colegas:
- Protección de daños físicos y de injerencias políticas del irremplazable acervo de registros del archivo.
- Preservación de copias seguras y digitalizadas con el gobierno suizo y la Universidad de Texas en Austin.
- Renovación del acuerdo que permita que el archivo permanezca en su espacio original.
- Mejora del sistema de información que alberga los 23 millones de imágenes de documentos digitalizados hasta la fecha.
- Garantías de la posibilidad del público para consultar los registros sin restricciones a través de su Unidad de Acceso a la Información.
- Y la continuidad del apoyo del archivo a la justicia en materia de derechos humanos mediante investigaciones y análisis.
THE DOCUMENTS
