Original paintings by Mary Pimmel-Freeman, Jesuit Martyrs of El Salvador and Their Companions
La Audiencia Nacional de España condena al coronel Montano por la masacre de los jesuitas.
El National Security Archive celebra la sentencia en el caso jesuitas.
Se recurrió a la justicia universal para condenar al oficial salvadoreño por terrorismo de Estado.
Washington D.C., 11 de septiembre de 2020 – En una sentencia muy anticipada y largamente esperada, la Audiencia Nacional de España condenó hoy al ex coronel del Ejército Salvadoreño por actos de terrorismo de Estado en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una empleada doméstica y su hija adolescente hace más de treinta años. El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Mora Alarcón encontró al ex coronel Inocente Orlando Montano “responsable… de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista”.
Este juicio histórico sella la culminación de décadas de trabajo a cargo de los familiares de las víctimas, la comunidad jesuita, abogados, expertos, investigadores, testigos presenciales y organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y en El Salvador para hacer comparecer ante la justicia a los responsables de los terribles crímenes cometidos en la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
Además, el fallo marca un nuevo hito para el singular concepto jurídico de “justicia universal”, tal como fue aplicado en la corte española. “Sin justicia no hay paz, ni reconciliación ni perdón”, observa la firma de abogados defensores de derechos humanos Guernica 37 International Justice Chambers, que representó a las víctimas en el caso jesuitas. “Justicia universal no es solo justicia, es solidaridad y esperanza para las víctimas”.
La sentencia en Madrid también convalida el trabajo del National Security Archive, que proporcionó cientos de documentos desclasificados como evidencia en el caso contra Montano. Desde su fundación en 1985, el National Security Archive ha peleado por la apertura de los archivos secretos de EE. UU. sobre El Salvador y logró acumular una vasta colección de documentos mediante la Ley de Libertad de Información y también por desclasificaciones discrecionales. Exhumar los secretos enterrados sobre el papel de los EE. UU. en la sangrienta guerra civil salvadoreña ha sido “un trabajo de hormiga”, como reza el dicho popular. Sin embargo, a lo largo de los años todo este trabajo permitió acopiar un extraordinario patrimonio de informes oficiales, nuevos detalles, información contextual y evidencia corroborativa que resultó crucial en el enjuiciamiento de criminales de derechos humanos.
Almudena Bernabeu, abogada de derechos humanos y cofundadora de Guernica 37 International Justice Chambers, fue quien originalmente interpuso la demanda contra el alto mando de la Fuerza Armada salvadoreñas por el asesinato de los jesuitas. La abogada española resaltó el valor de los documentos en una declaración filmada que publicó en agosto. El equipo de la querella optó por basarse en testimonios, análisis de peritos expertos y evidencia documental –explicó– para poder contar “la historia no solo de lo ocurrido, del crimen, sino también establecer el contexto político que vivía El Salvador en 1989.” De acuerdo con Bernabeu, esa es “la parte a veces más importante de estos juicios, no solamente tener un rigor jurídico, que se presupone, sino también un rigor histórico”.
Mientras los testigos en el caso jesuitas narraron detalladamente la masacre, los documentos desclasificados permitieron reconstruir el contexto histórico en que esta ocurrió, así como evidencia clara de la culpabilidad de los militares a pesar del enorme encubrimiento. Cables de la Embajada, informes de la CIA y reportes de la Agencia de Inteligencia de la Defensa describieron cómo los funcionarios de EE. UU. llegaron a la conclusión, muy a su pesar, de que eran sus propios aliados en la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) quienes ordenaron e implementaron el plan para matar a los sacerdotes.
“A pesar de los progresos en otras áreas”, informó por cable el entonces Embajador William Walker, en medio de una amarga frustración en 1991, “en el caso jesuitas la FAES permanece comprometida a una hermética conspiración para proteger a los suyos a cualquier costo”.
“En los doce meses desde que fue revelada la responsabilidad de la FAES en los asesinatos”, continuó “los mandos militares han resistido todo llamamiento a una honesta rendición de cuentas de lo que deberían haber poseído desde el principio: la verdad”.
Este documento, titulado “La FAES y el caso jesuitas: atando cabos”, entre muchos otros, fue suministrado a las autoridades españolas como prueba judicial.
En mi calidad de directora del Proyecto de Documentación sobre El Salvador del National Security Archive, viajé a Madrid en 2009 para testimoniar ante la Audiencia Nacional de España y ratificar los cientos de documentos que el Archivo entregó a la querella. La profesora Terry L. Karl, especialista de la Universidad de Stanford, se basó en los documentos desclasificados para la redacción de su peritaje en el caso jesuitas. El juez de instrucción Eloy Velazco también citó los archivos de EE. UU. en el fallo de 77 páginas en que acusó a veinte exoficiales militares de los asesinatos y ordenó el juicio contra los imputados.
El gobierno de El Salvador se negó a cooperar con la corte española, retrasando el proceso judicial durante años. Sin embargo, en 2017 los Estados Unidos sorpresivamente decidieron extraditar a Montano a Madrid, seis años después de que fuera arrestado y condenado por fraude inmigratorio cuando vivía fuera de Boston (Montano había llevado una vida silenciosa en los Estados Unidos desde 2001 y trabajaba en una fábrica de golosinas al momento de ser arrestado).
Montano es solamente uno de los 19 oficiales de alto rango acusados de varios cargos: planear los asesinatos, ordenar la ejecución de los jesuitas, la empleada doméstica y su hija adolescente a un escuadrón de la muerte del Batallón Atlacatl (entrenado por Estados Unidos) y, por último, orquestar el encubrimiento de las operaciones militares. Sin embargo, la condena a Montano representa mucho más que el castigo a un hombre a causa de un crimen. Esta condena se erige como una victoria histórica de la justicia sobre la impunidad en relación con las miles de atrocidades de derechos humanos cometidas bajo su mando.
“Estos actos no fueron una aberración”, tal como concluyó Terry Karl en su peritaje:
“A lo largo de sus treinta años de carrera militar, el coronel Montano ha demostrado un patrón de ordenar, instigar, ofrecer asistencia y/o comandar tropas que participaron en actos de terrorismo de Estado contra civiles. Entre los abusos de derechos humanos documentados se incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y detenciones arbitrarias, la tolerancia de escuadrones de la muerte conducidos por militares operando dentro de unidades bajo su mando, masacres en zonas rurales de cientos de civiles no combatientes, y la desaparición forzada de niños.”[1]
Hoy en la sala de audiencia de Madrid Montano fue sentenciado a 133 años de prisión: 26 años y ocho meses por cada una de las cinco víctimas representadas en el caso. [2]
He participado en una docena de juicios históricos de derechos humanos en todo el continente. He sido testigo de condenas a perpetradores que habían gozado de impunidad por más de diez, veinte y hasta treinta años antes de que la justicia los atrapara. Estos casos envían un mensaje universal a los torturadores, a los asesinos en regímenes represivos, de que el mundo está mirando. La condena a Montano demuestra nuevamente que existen países, abogados, organizaciones y víctimas que componen una comunidad de defensores de derechos humanos dispuesta a encontrarlos y hacerlos comparecer ante la justicia.
Washington D.C., 10 de julio de 2020 – A más de tres décadas de la terrible ejecución de seis sacerdotes jesuitas por militares salvadoreños, la analista en jefe del National Security Archive Kate Doyle testificó hoy en un proceso judicial histórico en España, que responsabiliza a funcionarios de alto rango por las atrocidades cometidas en noviembre de 1989. Al actuar como perito, Doyle ratificó cientos de registros desclasificados de los EE. UU. que han sido presentados como prueba al tribunal español en el caso de los jesuitas.
“Los documentos de EE. UU. proporcionan una gran credibilidad y resultan claramente pertinentes para esclarecer los crímenes que fueron cometidos”, tal como Doyle, que dirige el Proyecto de Documentación sobre El Salvador en el National Security Archive, informó a la corte.
El proceso judicial contra el ex Viceministro de Defensa coronel Inocente Orlando Montano comenzó en junio de 2020. Montano dejó El Salvador silenciosamente en 2001, pero en 2011 investigadores de derechos humanos descubrieron que vivía en las afueras de Boston. Fue condenado por fraude inmigratorio y, en noviembre de 2017, fue extraditado a España para enfrentar un juicio por su rol en el asesinato de los jesuitas, cinco de los cuales eran ciudadanos españoles.
En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un cuerpo de élite de la Fuerza Armada de El Salvador ingresó en el terreno de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” en San Salvador, de gestión jesuita, y ejecutó a su rector, el padre Ignacio Ellacuría, junto con otros cinco sacerdotes jesuitas, la empleada doméstica y su hija de 16 años. La masacre se convirtió en uno de los crímenes de derechos humanos más notorios en El Salvador durante la guerra civil que duró doce años y culminó en 1992 con una cifra estimada de 75000 víctimas civiles.
En 2008, la abogada española Almudena Bernabeu, en ese entonces en el Center for Justice and Accountability (CJA), organización independiente con base en San Francisco, junto con la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), interpusieron por primera vez en Madrid una demanda legal de 126 páginas contra los miembros del alto mando salvadoreño. Desde entonces el National Security Archive ha puesto cientos de archivos desclasificados de los EE. UU. a disposición del proceso judicial. A fines de noviembre de 2009, Doyle viajó a Madrid para dar testimonio acerca de la autenticidad de los registros, en el marco de las audiencias de recolección de pruebas. El juez español Eloy Velazco citó “una abundante cantidad de información, recolectada y analizada cuidadosamente”, contenida en “miles de documentos desclasificados por agencias del Gobierno de los Estados Unidos” en su acusación contra 20 oficiales salvadoreños de alto rango, en mayo de 2011.
Recopilados rigurosamente a lo largo de décadas, los documentos contienen lo que Doyle describe como “información vital acerca de la conspiración de los militares para asesinar a los jesuitas, cómo se desplegó el operativo de muerte, y los elaborados pasos que siguieron los oficiales de alto rango –incluyendo a quien fue sometido a juicio en Madrid, el ex coronel del Ejército Inocente Orlando Montano– para ocultar lo que había sucedido”.
Tal como lo demuestra la evidencia, estas acciones de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) fueron evidentes para los funcionarios de EE. UU. en ese momento. Tal como informó un cable de la Embajada en San Salvador: “en los doce meses desde que fue revelada la responsabilidad de la FAES en los asesinatos, los mandos militares han resistido todo llamamiento a una honesta rendición de cuentas de lo que deberían haber poseído desde el principio: la verdad”.
El National Security Archive tiene una larga trayectoria en el suministro de pruebas a juicios de derechos humanos en el formato de archivos –alguna vez secretos– de la CIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, el FBI y el Departamento de Estado. Cuando las fiscalías han solicitado asistencia en un caso, el Archivo recurrió a su base de datos, una colección de documentos desclasificados de los EE. UU. acumulados a lo largo de años de investigación, búsquedas en archivos y solicitudes en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Las colecciones del Archivo pueden tomar tres, cinco, diez e incluso veinte años en conformarse, debido a las extraordinarias demoras en el sistema federal de clasificación y acceso público.
La investigación sobre violaciones de derechos humanos en El Salvador se remonta a la propia fundación del National Security Archive en 1985. En aquel entonces, dos periodistas –Scott Armstrong, anteriormente de The Washington Post, y Raymond Bonner, de The New York Times– donaron cajas de registros desclasificados sobre El Salvador, que habían acumulado de manera independiente durante su trayectoria como periodistas de investigación. Bonner fue uno de los tres periodistas estadounidenses que contaron al mundo lo sucedido en la aldea de El Mozote, luego de que soldados masacraran a cientos de sus residentes en 1981. Armstrong fue el director fundador del Archivo. El material de ambos se volvió parte de la primera colección publicada por el Archivo, El Salvador: diseño de la política de EE. UU., 1977 – 1984.
Desde entonces, el Proyecto de Documentación sobre El Salvador del Archivo ha presentado cientos de solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información y ha reunido decenas de miles de documentos desclasificados sobre la sangrienta guerra civil salvadoreña, la política estadounidense, las fuerzas de seguridad de El Salvador, los grupos armados revolucionarios que integraron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y notorios crímenes de derechos humanos como el asesinato de monseñor Romero, la masacre de El Mozote, así como el brutal asesinato de los sacerdotes jesuitas. Los registros provienen de las agencias de seguridad nacional y política exterior del Gobierno de EE. UU.: el Departamento de Estado y su Embajada en San Salvador, el Pentágono y su división de inteligencia conocida como la Agencia de Inteligencia de la Defensa, el Comando Sur de EE. UU., que supervisa operaciones militares en América Latina, la CIA y el FBI.
El Proyecto de Documentación sobre El Salvador aportó muchos de estos documentos a la Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas, creada en 1992 para investigar la catástrofe de derechos humanos en ese país. Los investigadores de la Comisión de la Verdad eventualmente determinaron que la orden de asesinar a los jesuitas provino del Jefe de Estado Mayor, coronel Emilio Ponce, en una reunión del mando superior el 15 de noviembre de 1989. En aquella reunión –a la cual asistió el coronel Montano–, “El Coronel Ponce llamó al Coronel Guillermo Alfredo Benavides y ante estos cuatro oficiales le ordenó eliminar al Padre Ellacuría sin dejar testigos.”, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad.
Si bien el gobierno de Clinton respondió a la Comisión de la Verdad para El Salvador ordenando la desclasificación de más de 1.000 documentos, esta medida tuvo lugar demasiado tarde para las actuaciones de la Comisión. El Archivo catalogó y publicó esta colección que, junto con la ya mencionada primera compilación sobre El Salvador publicada por el Archivo, forma parte del Digital National Security Archive (DNSA) de ProQuest.
Desde 2009 el Archivo ha colaborado con Almudena Bernabeu –ex abogada internacional de CJA, hoy cofundadora de Guernica 37 International Justice Chambers– así como también con el abogado de derechos humanos Patty Blum, el profesor emérito experto en El Salvador Terry Karl, y el abogado español Manuel Ollé Sese, para identificar los documentos más importantes en relación con el caso jesuita e incorporarlos a la estrategia de la fiscalía. El juicio en curso en la Corte Nacional de Madrid es la culminación de décadas de esfuerzos colectivos por parte de este equipo de juristas y activistas de derechos humanos, así como muchos otros, entre ellos los colegas y familiares de los jesuitas en la UCA.
Para aportar un sentido del contenido y la calidad de la documentación presentada en carácter de prueba judicial en el caso jesuita, el Archivo hoy publica una muestra representativa de seis documentos desclasificados:
1989-11-22
Fuente: Proyecto de Documentación sobre El Salvador (Digital National Security Archive Entrada No. EL01050)
Inmediatamente después del asesinato de los jesuitas, las teorías de EE. UU. sobre lo que había sucedido eran confusas. Bernard Aronson del Departamento de Estado, Secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, asume que detrás de estas muertes había “extremistas de derecha”, tal como había sucedido con la muerte de monseñor Romero, e insta al Embajador de EE. UU. William Walker a reunir información acerca del involucramiento de derechistas. También le advierte a Walker que se cuide de posibles infiltraciones, que harán “mucho más difícil al Presidente Cristiani y la dirección de la Fuerza Armada de El Salvador responder efectivamente cuando llegue el momento”.
1990-02-28
Fuente: Proyecto de Documentación sobre El Salvador (Digital National Security Archive Entrada No. EL01119)
Este informe es un relato cronológico del caso jesuita recopilado a partir de entrevistas por un investigador criminal de los EE. UU. asignado a la Embajada en San Salvador. El documento resume las misiones de reconocimiento del Batallón Atlacatl en el campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) varios días antes de las muertes, para localizar las residencias privadas de los sacerdotes; la orden dada en la víspera del asesinato por el coronel Guillermo Alfredo Benavides a tres subordinados, incluyendo al teniente Yussy [sic] Mendoza Vallecillos (testigo directo en el juicio en España), de matar a los sacerdotes; detalles perturbadores de la propia masacre durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989; y el posterior encubrimiento. El investigador concluye que él mismo no puede descartar una “conspiración” más allá del círculo íntimo de oficiales militares actualmente bajo sospecha por su rol en el crimen.
1990-06-13
Fuente: Proyecto de Documentación sobre El Salvador (Digital National Security Archive Entrada No. EL00322)
Este informe de inteligencia de la CIA implica a un grupo amplio de oficiales militares de alto rango en el complot para matar a los jesuitas. En el mismo, un miembro de la Policía Militar que estaba de guardia en la Academia Militar durante la noche del 15 al 16 de noviembre relata haber visto más de una docena de oficiales de alto rango de la Fuerza Armada de El Salvador –incluyendo al Jefe del Estado Mayor Conjunto, coronel René Emilio Ponce– llegar a la Academia para una reunión durante la tarde posterior a los asesinatos. El testigo describe haber visto una unidad del Batallón Atlacatl abandonar la Academia Militar esa misma noche en uniformes nuevos y pintura de camuflaje en la parte trasera de una camioneta, y regresar unas seis horas después, en la madrugada del 16 de noviembre. A pesar de que Inocente Montano no aparece nombrado en el documento, la Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas lo identificaría como uno de aquellos oficiales que coludieron en los planes para matar a los jesuitas y el encubrimiento posterior.
Cable de la DIA, "El Salvador: caso del sacerdote jesuita " 27 de julio de 1990
1990-07-27
Fuente: Proyecto de Documentación sobre El Salvador (Digital National Security Archive Entrada No. EL00524)
Después de los asesinatos de los jesuitas, este cable de la Agencia de Inteligencia de la Defensa describe una reunión de los principales mandos militares del país para discutir una estrategia de control de daños. Advirtiendo que cualquier cooperación del ejército en las investigaciones "puede ser una máscara para medidas de protección secretas", un oficial de inteligencia de EE. UU. describe a militares de alto rango conspirando para evitar investigaciones en relación con el caso y a la vez conservar el apoyo financiero de los EE. UU.: “Se dice que los miembros acordaron que el Congreso de los EE. UU. no interrumpiría la asistencia en materia de seguridad militar debido a las negociaciones en curso entre el gobierno y los rebeldes, y que los niveles de ayuda de EE. UU. tendrían que determinarse para octubre. Por lo tanto, concluyeron que al menos hasta octubre, debían mantener una apariencia de colaboración judicial efectiva…”
1990-08-13
Fuente: Proyecto de Documentación sobre El Salvador (Digital National Security Archive Entrada No. EL01169)
A raíz del asesinato de los jesuitas, el congresista demócrata por el estado de Massachusetts Joe Moakley, organiza un grupo de trabajo especial para investigar el crimen y exponer a los responsables. El grupo de trabajo develó la primera evidencia clara de que los niveles más altos del ejército salvadoreño habían conspirado para cometer esta atrocidad. En agosto de 1990, el principal investigador de Moakley, Jim McGovern, viajó a San Salvador y obtuvo “información de avanzada sobre el asesinato de los jesuitas y su encubrimiento” de uno de los “más importantes y respetados oficiales” del ejército, según este cable secreto. “Si la historia de base es verdadera”, el Embajador de los EE. UU. William Walker, en estado de pánico, informó a Washington que “nuestra política está en peligro dado que las implicaciones difíciles de descartar serían que la decisión de matar a los jesuitas fue deliberada en los niveles más altos de la FAES [Fuerza Armada de El Salvador].”
1991-02-19
Fuente: Proyecto de Documentación sobre El Salvador (Digital National Security Archive Entrada No. EL01260)
En este cable secreto que recomienda a los EE. UU. denegar la asistencia militar al ejército salvadoreño, el Embajador William Walker descarga su frustración con el mando superior del ejército por negarse a divulgar información sobre el caso jesuita. Le informa a Washington cuán ineficaces han sido los esfuerzos de EE. UU. para persuadir al ejército de cooperar en la investigación: “Peticiones, amenazas, cancelación de la ayuda del Gobierno de EE. UU. y llamamientos al honor institucional, todo ello ha tenido un único resultado: ninguno”. Walker también insinúa que él mismo ha perdido la fe en el coronel René Emilio Ponce –quien ha sido promovido a Ministro de Defensa– debido a su falta de cooperación. Walker le recomienda al Gobierno de los EE. UU. expulsar a Ponce de su cargo. El Embajador de EE. UU. parece no darse cuenta de que está demandando cooperación del propio autor intelectual de la masacre jesuita.
[1] Aunque el peritaje de la profesora Karl para el juicio en España permanece bajo secreto de sumario, el escrito que redactó para las audiencias por la extradición de Montano se hizo público y el sitio de noticias salvadoreño las puso en línea. Exhibit 1: Expert Report of Professor Terry Lynn Karl, Stanford University, in the Case of Inocente Orlando Montano, fechado el 31 de diciembre de 2012. Este documento puede encontrarse en línea al escribir en el buscador “Case 1:12-cr-10044-DPW Document 53-1". Ver las conclusiones en pág. 48.
[2] El sistema jurídico español permitió que el juicio avanzara para el caso de los cinco sacerdotes asesinados en 1989 que habían nacido en España. El sexto jesuita, además de Elba y Celina Ramos eran ciudadanos salvadoreños.