El Ojo que Llora, a memorial commemorating the victims killed during the internal conflict of Peru, opened in 2005. (Wikimedia Commons by Lapalabranecesaria)
Informes de los servicios de inteligencia estadounidenses describen graves abusos en operaciones de “localización y eliminación” realizadas por el Ejército
Primer Ministro prometió eliminar investigaciones sobre derechos humanos
Washington, DC, 28 de agosto de 2023 – En el vigésimo aniversario de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad en Perú, el Archivo de Seguridad Nacional publica una importante colección de documentos estadounidenses desclasificados que relatan 20 años de conflicto a lo largo de tres gobiernos consecutivos en el Perú, junto con archivos relacionados con la decisión tomada en 2001 de establecer una comisión para investigar la violencia. La colección de documentos incluye cables e informes de inteligencia inéditos que detallan la brutal estrategia contrainsurgente de “guerra sin cuartel" librada por el gobierno peruano, y los esfuerzos de éste por proteger de la justicia a miembros de las fuerzas de seguridad que perpetraron graves violaciones de los derechos humanos.
Entre los archivos recientemente publicados se encuentra un informe de inteligencia del Departamento de Estado fechado en 1984, el cual premonitoriamente predecía que el Ejército peruano "podía sentirse tentado a intentar liquidar físicamente a Sendero Luminoso eliminando a cualquier sospechoso de ser miembro o simpatizante” del movimiento. Otro informe de inteligencia altamente revelador fechado en mayo de 1988 indicaba que el Primer Ministro peruano Armando Villanueva había dicho a altos oficiales militares "que no le importaba si el Ejército ejecutaba a todos los combatientes de Sendero Luminoso (SL) que capturase" siempre y cuando lo hiciera "discretamente". Villanueva dijo a los oficiales que cualquier intento por investigar una reciente masacre campesina en Ayacucho "sería rechazado inmediatamente”.
Un informe recientemente disponible del Comando Sur (SOUTHCOM) del Pentágono describe la espeluznante secuencia de hechos ocurridos durante la "Operación Aries", en la cual helicópteros peruanos ametrallaron una serie de aldeas en el centro del país, antes de enviar tropas de infantería para violar y asesinar a los supervivientes. El ataque ocurrido en marzo de 1994 “produjo cuantiosas víctimas civiles" y fue similar a anteriores operaciones de “localización y eliminación" del Ejército en zonas que eran consideradas bajo el control de los subversivos (Documento 16).
Otros documentos muestran la manera en que el historial de derechos humanos del Perú complicaba las relaciones con Washington. Un cable de la embajada estadounidense describía cómo el Sub-Secretario de Estado Thomas Pickering regañó al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú por haber enviado a un conocido violador de los derechos humanos a testificar en una audiencia en los Estados Unidos. El Departamento de Estado se vio obligado a invocar la inmunidad diplomática del ex-agente de inteligencia, ante un intento del Departamento de Justicia de procesarlo por torturar e incapacitar permanentemente a una colega por sospechar que ésta había filtrado información confidencial a los medios de comunicación (Documento 19).
El Archivo publica esta colección de documentos como parte de su continuo compromiso con los objetivos de largo plazo de la CVR y su misión de arrojar luz sobre 20 años de abusos, identificar y ayudar a las víctimas, y determinar quiénes son los responsables de la violencia. Como escribió en agosto de 2003 un funcionario de la Embajada de los EE.UU., en vísperas de la publicación del informe final de la CVR, los objetivos de la CVR en última instancia consistían en "alentar a los peruanos a enfrentar el reciente pasado violento en su país, reconocer lo ocurrido y tomar las medidas necesarias para garantizar que la historia no se repita" (Documento 22).
Lamentablemente, la actual crisis política en Perú demuestra que los problemas y legados del pasado violento en el Perú persisten con fuerza hasta la actualidad. El fallido "autogolpe" de 2022 del Presidente Pedro Castillo llevó a su consiguiente detención y destitución. El actual gobierno de la Presidenta Dina Boluarte enfrenta una ola de masivas protestas populares que exigen su dimisión, nuevas elecciones y la redacción de una nueva Constitución que sustituya a la redactada en 1993 tras el exitoso autogolpe protagonizado por el ex-Presidente Alberto Fujimori en 1992. La violenta represión por parte del gobierno de Boluarte contra los manifestantes ha causado al menos medio centenar de muertes, y ha sido denunciada tanto por ONG internacionales de derechos humanos como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los indicadores de confianza en el gobierno se encuentran en niveles mínimos históricos, con una aprobación pública del Congreso de un solo dígito. De hecho, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicada en julio de 2003 mostraba que el 78% de los encuestados consideraba al Congreso culpable de abuso de poder, un 77% pensaba que el Congreso debería ser clausurado y el 80% estaba de acuerdo con la convocatoria a elecciones anticipadas. Boluarte muestra índices de apoyo igualmente bajos, con un 11% de aprobación popular, y sólo el 15% de los encuestados cree que debería permanecer en el cargo. El respeto por la democracia y los derechos humanos, que constituye el núcleo de la misión de la CVR, sigue siendo una meta esquiva.
El conflicto armado interno (1980-2000): Lo que revelan los documentos
El año 1980 marcó tanto el retorno del Perú a la democracia tras 12 años de gobierno militar, como el inicio de un sangriento conflicto interno que se extendería durante 20 años y cobraría más de 69 mil vidas, según estimados de la CVR. No es de extrañar que uno de los primeros actos públicos de los insurgentes senderistas fuera quemar las urnas en vísperas de las elecciones generales de mayo de 1980, demostrando su desprecio por la nueva democracia y por todos quienes participaban en ella. Tratándose de una pequeña escisión regional de la rama maoísta del Partido Comunista del Perú en Ayacucho, la opinión pública nacional e internacional (incluyendo al resto de la izquierda legal peruana) entendieron muy mal y subestimaron el fenómeno de SL y su invocación a la guerra popular.
Los primeros análisis llevados a cabo por los EE.UU., como un informe publicado en 1981 por el Centro Nacional de Análisis Exterior de la CIA, veían a los nuevos insurgentes como combatientes menos violentos de la década de 1960, inspirados por la Revolución Cubana, y consideraban erróneamente a SL como una amenaza menor que movimientos guerrilleros del pasado, afirmando que "parece improbable un retorno a la insurgencia intensiva de 1965" (Documento 1). Apenas un año más tarde, pese a la capacidad de los senderistas para resistir el embate de las fuerzas policiales, la CIA continuaba subestimándolos y predecía que la llegada del Ejército acabaría fácilmente con los insurgentes (Documento 2). Para octubre de 1984, hacia el final del gobierno de Fernando Belaúnde que marcó el retorno a la democracia en el Perú, un informe de inteligencia inédito del Departamento de Estado estadounidense revelaba una visión mucho más pesimista sobre las perspectivas de paz, demostrando cómo la llegada de las fuerzas armadas únicamente había intensificado el ciclo de violencia, y anticipaba una política de aniquilamiento más brutal en el futuro (Documento 3).
En 1985, las elecciones permitieron una satisfactoria transición a un nuevo gobierno civil encabezado por Alan García, lo cual fue considerado por la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA) como un "hito en el desarrollo de la democracia peruana” (Documento 6). Pero García nunca cumplió su ofrecimiento de sanear el conflicto y garantizar mayor respeto hacia los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales, ni sus promesas de entablar diálogo con los subversivos para poner fin a los enfrentamientos, especialmente después de los nefastos motines en las cárceles de Lima ocurridos en 1986. Los documentos 4, 5, 6, 7 y 8 muestran el agravamiento de las condiciones del conflicto bajo el gobierno de García. Debido a la modalidad de célula cerrada con la cual operaba la insurgencia, los logros en materia de inteligencia –como la captura de Osmán Morote, importante líder y representante de la línea dura de SL (Documento 5)— tuvieron un impacto limitado.
Mientras tanto, la decisión del gobierno de García de otorgar impunidad al Ejército en casos de atroces abusos a los derechos humanos, como la masacre de Cayara en la que efectivos militares ejecutaron a 30 campesinos en 1988, alentó mayores abusos no sólo por parte de las fuerzas militares sino también por la llegada de escuadrones de la muerte anticomunistas como el Comando "Rodrigo Franco", vinculado al APRA (Documentos 4, 6, 9 y 10).
Este período también permite ver un creciente nexo de corrupción en torno al narcotráfico en el Valle del Huallaga, complicando aun más el conflicto. Por ejemplo, un informe elaborado en 1989 por la Embajada de los EE.UU. incluye detalles gráficos sobre el asesinato de 10 policías en Uchiza a manos de miembros de SL aliados con narcotraficantes colombianos. Según el cable, los policías asesinados habían "aceptado sobornos de los traficantes pero no les proporcionaron la protección prometida”. SL "acordó solucionar el problema", dijo una fuente a la Embajada, ya que "todas las organizaciones de traficantes en Uchiza pagan también a los insurgentes de Sendero Luminoso para recibir protección" (Documento 8).
García dejó el poder con una economía en caída libre, una inflación galopante, una insurgencia descontrolada cuyo alcance geográfico se extendía cada vez más, y una propagación de la violencia a manos de las fuerzas del Estado a quienes poco preocupaban las consecuencias de los abusos que cometían contra los derechos humanos. Al igual que su predecesor, García incumplió con atender la grave crisis política y económica del país, lo que contribuyó al deterioro de la confianza ciudadana en los partidos políticos tradicionales y sus candidatos. Como resultado de ello, un personaje ajeno a la política, el ex-rector universitario Alberto Fujimori, derrotó al afamado novelista Mario Vargas Llosa en las elecciones presidenciales de 1990.
Sin experiencia previa de gobierno y enfrentado a una grave crisis económica y de subversión, Fujiimori se acostumbró a confiar en Vladimiro Montesinos, su siniestro asesor de inteligencia, lo cual llevó a una política contrainsurgente que seguía promoviendo abusos contra los derechos humanos, así como impunidad y corrupción. De hecho, privilegiar la lealtad al régimen en detrimento de la competencia llevó a la marginación selectiva de oficiales experimentados como el general Antonio Vidal, jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), y el general del Ejército Eduardo Bellido. La espectacular captura del líder supremo de SL, Abimael Guzmán, a cargo de Vidal provocó "celos de alto nivel", según un cable de la Embajada de los EE.UU., unidos al "descontento ante su insistencia en altos estándares profesionales" (Documento 13). Según otro cable desclasificado (Documento 15), el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Nicolás De Bari Hermoza Ríos, tenía más interés en castigar a Bellido por denunciar a otros oficiales por corrupción vinculada al narcotráfico, que en premiarlo por sus exitosos operativos contra el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en el Valle del Huallaga Central.
Aquellos militares que intentaron denunciar los peores casos de abusos a los derechos humanos, como las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, sufrieron terribles represalias. El Teniente General Rodolfo Robles, por ejemplo, fue forzado a exiliarse en Argentina tras presionar para que se investigara el caso de La Cantuta. Robles pidió ayuda a su amigo, el Teniente General José Picón, para abrir el caso en el Tribunal Supremo de Justicia Militar, pero éste lo denunció ante Hermoza por "deslealtad al Ejército” – lo cual resultó en un ascenso para Picón. Por su parte, Leonor La Rosa Bustamante, agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), fue detenida cuando trató de denunciar los planes de Fujimori para intimidar a la prensa, y quedó permanentemente discapacitada por las torturas infligidas por oficiales del SIE. Mariela Barreto, también agente del SIE, fue torturada, asesinada, decapitada y descuartizada por su propia unidad, el escuadrón de la muerte “Colina", encabezado por el Mayor Santiago Martín Rivas – a la sazón, padre del hijo de Barreto (Documento 17). Tanto Vladimiro Montesinos como Martín Rivas recibieron condenas por el asesinato de Barreto recién en junio de 2023.
La renuencia del gobierno peruano a sancionar a los funcionarios responsables por abusos también causó problemas diplomáticos con Washington. La decisión del gobierno de Fujimori de enviar a los Estados Unidos, en marzo de 2000, a uno de los agentes de inteligencia militar implicados en las torturas contra Leonor La Rosa (el Mayor Tomás Ricardo Anderson Kohatsu), “generó un problema mayúsculo" para el Departamento de Estado, según el Sub-Secretario de Estado Thomas Pickering, quien se vio obligado a invocar la inmunidad diplomática de Anderson Kohatsu ante el intento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para detener al agente, tras una presentación de éste ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. En una reunión posterior con el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Pickering instó al gobierno a “considerar nuevamente el proceso legal contra Anderson Kohatsu", añadiendo que "las medidas para garantizar que se haga justicia servirían como un contundente mensaje al mundo exterior sobre el respeto [por parte del gobierno peruano] hacia los derechos humanos" (Documento 19).
Aunque los peores casos de violación de los derechos humanos se produjeron al inicio del régimen de Fujimori, otros importantes ejemplos de abusos por parte de los militares siguieron ocurriendo en regiones donde había significativa actividad subversiva. Una evaluación realizada en 1994 por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) describía la "Operación Aries" en el centro del país, con testimonios sobre cómo el Ejército atacaba los pueblos con ametralladoras desde helicópteros, "tras lo cual la infantería ingresaba a matar y violar a los pobladores, y arrasar por completo todas las casas”. La operación mencionada evocaba las perpetradas en la década de 1980 e inicios del decenio siguiente, cuando "se produjeron ejecuciones sumarias generalizadas, y las fuerzas de seguridad tenían la práctica habitual de ingresar a las aldeas en operativos de 'localización y eliminación' similares a los denunciados este mes de abril", según el informe del SOUTHCOM sobre "Violaciones de los derechos humanos en el Perú". “Tal vez el mayor problema”, señalaba SOUTHCOM, era "la ausencia de fiscalización ante violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares en el pasado" (Documento 16).
Otros archivos muestran que el Presidente Fujimori fue directamente responsable de algunos de los peores abusos. Un informe de la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA), por ejemplo, que describe los asesinatos y ejecuciones de miembros del MRTA al concluir la crisis de los rehenes en 1997, indicaba que la "orden de no capturar vivo a ningún miembro del MRTA" provino del mismo Presidente Alberto Fujimori” (Documento 18).
Aunque SL siguió siendo responsable en gran medida por el derramamiento de sangre durante la década de 1990, la captura de su líder Abimael Guzmán en 1992 tuvo un impacto de polarización en el movimiento. Casi dos años antes de la captura de Guzmán, un cable de la Embajada de los Estados Unidos afirmaba que la popularidad de SL ya había disminuido mucho en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, donde había surgido el movimiento (Documento 10). Pese a que SL aun mantenía una clara presencia en la universidad, ya no controlaba ni a los estudiantes ni al profesorado como ocurría a principios de la década de 1980. Mientras los ataques de SL hacia otras regiones como Lima constituían una huida hacia adelante, sus tácticas para infiltrar comunidades pobres sublevaban y aterrorizaban al mismo tiempo a muchos pobladores. No hay mejor ejemplo que el asesinato de la Teniente-Alcaldesa de Villa El Salvador, la resuelta militante izquierdista María Elena Moyano (Documento 12) quien, mientras asistía a una actividad pro-fondos para su comunidad, cayó acribillada por militantes de SL que a continuación dinamitaron su cuerpo inerte ante una multitud horrorizada.
Creación de una Comisión de la Verdad
En el año 2000, Alberto Fujimori fue elegido en un tercer mandato que resultaba constitucionalmente cuestionable y que se vio sometido al escrutinio internacional. Pero tras el aparente éxito electoral de Fujimori, el canal de televisión por cable peruano "Canal N" difundió un devastador vídeo confidencial en el cual el asesor presidencial de inteligencia, Vladimiro Montesinos, ofrecía sobornos al recién elegido congresista de oposición Alberto Kouri a cambio de su lealtad hacia el partido de Fujimori. Éste fue el primero de muchos "Vladivideos" que documentaban la rampante corrupción al interior del régimen de Fujimori. El escándalo ocasionó una reacción política en cadena que llevó a la caída de Fujimori tras más de diez años de un régimen cada vez más autoritario. Inicialmente, Montesinos huyó a Panamá buscando asilo y luego retornó clandestinamente al país, para volver a huir esta vez a Venezuela donde fue finalmente encarcelado a mediados de 2001 y enviado al Perú para ser procesado. En un primer momento, Fujimori intentó desviar toda la culpa hacia su asesor, para luego huir él mismo a Japón y enviar al Congreso vía fax su carta de renuncia a la Presidencia.
La juramentación del nuevo Presidente Interino Valentín Paniagua en 2001 cambió el ánimo de la ciudadanía, acogiendo con satisfacción la revelación de temas que habían permanecido ocultos y la investigación sobre hechos del pasado. Comisiones del Congreso y órganos judiciales investigaron las actividades de Montesinos, mientras organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil presionaban al nuevo presidente para crear una Comisión de la Verdad. En junio de 2001, Paniagua sentó las bases para establecer tal comisión y, en septiembre de ese año, el recién elegido Presidente Alejandro Toledo la confirmó y rebautizó como Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Formalmente, la comisión se encargaría de determinar las causas de la violencia interna en el Perú entre mayo de 1980 y noviembre de 2000; contribuir al esclarecimiento de los crímenes y violaciones de derechos humanos perpetrados durante ese periodo; identificar a los responsables de esos actos violentos; evaluar propuestas de reparación a las víctimas y sus familiares; recomendar reformas que sirvan como medidas preventivas; y establecer mecanismos para el seguimiento de estas recomendaciones.
El Embajador de los EE.UU. John Hamilton mostró su entusiasta respaldo a la CVR en una reunión celebrada en noviembre de 2001 con Salomón Lerner, recién nombrado presidente de la comisión, quien agradeció a los Estados Unidos por el apoyo financiero otorgado y entregó a Hamilton una carta, dirigida al Presidente George W. Bush, en la cual se solicitaba la desclasificación de documentos confidenciales elaborados por órganos su gobierno y referidos a abusos de los derechos humanos en el Perú. Hamilton explicó el prolongado proceso de desclasificación de documentos secretos de los EE.UU., y alentó a Lerner a ponerse en contacto con el Archivo de Seguridad Nacional para acceder a archivos desclasificados gracias a solicitudes preexistentes en virtud del mecanismo FOIA (Ley para la Libertad de la Información) (Documento 21).
Sin que lo supiese el Embajador Hamilton, el Archivo ya había trabado contacto con organizaciones de derechos humanos en el Perú antes de la caída de Fujimori, recopilando una lista de abusos clave y presentando solicitudes FOIA para respaldar a uno de los pocos organismos independientes durante el gobierno de Fujimori: la Defensoría del Pueblo. Una de las expertas peruanas en derechos humanos consultadas en función de estas primeras solicitudes, Sofía Macher, fue eventualmente designada como miembro de la CVR. También colaboraron expertos estadounidenses como Coletta Youngers de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Jo-Marie Burt de la Universidad George Mason, y Ted Piccone del Open Society Institute, incluso con una campaña de presión para ayudar a acelerar la respuesta a la solicitud FOIA presentada por la CVR. En colaboración con defensores de los derechos humanos en el Perú, este grupo de activistas presionó para que se llevara a cabo un proceso de desclasificación interinstitucional, como los iniciados anteriormente bajo la Administración Clinton para esclarecer abusos cometidos en Chile y Guatemala. Aunque nunca se materializaría tal revisión interinstitucional, el Departamento de Estado agilizó la revisión y entrega a la CVR de 326 documentos en enero de 2003, más de seis meses antes de que la comisión concluyera su mandato.
Los documentos desclasificados fueron sólo una de las muchas fuentes que la CVR utilizó para elaborar su informe final dado a conocer en agosto de 2003. La comisión también se basó en gran medida en archivos y testimonios que ya existían en la Defensoría del Pueblo y en organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH). También trabajó incansablemente para recoger nuevos testimonios y celebró audiencias públicas, pero antes tenía que ganarse la confianza y lograr la participación de los ciudadanos y las autoridades en el Perú. Un ejemplo de estos intentos fue un folleto elaborado por la comisión con llamativos diseños al estilo de las novelas gráficas, el cual describía en términos sencillos el propósito de la CVR y alentaba la participación de todos los peruanos (Documento 20). Tras una exitosa campaña de divulgación por todo el país, la comisión recogió 16,885 testimonios al final de su mandato.
El informe final de la CVR fue un logro colosal en la búsqueda de la verdad y la justicia en Perú y, tal como lo señaló un cable de la Embajada de los Estados Unidos, suscitó duras críticas de muchos de los implicados en los abusos, incluso antes de su publicación (Documento 22). Tal como predecía la Embajada, el legado de la CVR sigue siendo hasta la fecha objeto de acaloradas disputas por parte de los principales actores de la época del conflicto, si bien no pueden ignorarse los avances logrados. Éstos incluyen el histórico procesamiento penal del Presidente Alberto Fujimori en 2009; la reciente sentencia del ya encarcelado Montesinos por el asesinato de Barreto, emitida en 2023; la formación de un Programa Integral de Reparaciones en 2005; y el establecimiento en 2009 del Lugar de Memoria, que sirve como archivo, museo y espacio comunitario.
A pesar de la presión y la resistencia, estos signos de avance contra la impunidad son una prueba del legado duradero de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el Perú.
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Tamara Feinstein es profesora asistente en la Universidad Estatal Murray y ex-directora del Proyecto de Documentación sobre el Perú en el Archivo de Seguridad Nacional. Licenciada en Ciencias Políticas y Estudios sobre la Paz y los Conflictos por la Universidad Estatal Wayne, con una maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad George Washington y un doctorado en Historia por la Universidad de Wisconsin-Madison, la Dra. Feinstein trabajó en el Archivo durante el funcionamiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el Perú, y coordinó con las organizaciones de derechos humanos y el personal de la CVR para contribuir al trabajo de la Comisión. Ello incluyó la presentación estratégica de solicitudes FOIA referidas a los derechos humanos antes de la caída de Fujimori, a pedido de la Defensoría del Pueblo; reuniones con miembros de la CVR al inicio de sus actividades para ayudar a elaborar un pedido formal FOIA de la comisión dirigido al Presidente Bush; organización e intercambio con la CVR de la colección de documentos desclasificados del Archivo; y acciones de incidencia con otras ONG peruanas e internacionales para presionar por la desclasificación de documentos en respuesta al pedido de la CVR. El próximo libro de la Dra. Feinstein titulado The Fate of Peruvian Democracy [El futuro de la democracia en el Perú], será publicado en septiembre de 2023 por Notre Dame Press. El libro aborda la manera en que el conflicto interno peruano tuvo impacto sobre los partidos políticos, y sostiene que la violencia contribuyó significativamente a la ruptura y desintegración de la izquierda legal no insurgente, al profundizar las divisiones preexistentes y eliminar a toda una generación de dirigente (como María Elena Moyano). El capítulo 7 aborda directamente la contenciosa acogida del Informe de la CVR por parte de distintos sectores de la sociedad peruana.
LOS DOCUMENTOS
3 de julio de 1981
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Una versión menos editada de un análisis publicado anteriormente de la CIA sobre Sendero Luminoso y la violencia en aumento en la sierra andina, el documento demuestra la incapacidad de las agencias de inteligencia estadounidenses para reconocer cabalmente la creciente amenaza que representaba el movimiento. El informe minimiza el incremento de las "actividades terroristas", caracterizándolo como menos preocupante que la insurgencia de la década de 1960. La CIA señala que "los incidentes actuales no sólo difieren en alcance e intensidad, sino que es improbable que el Presidente Belaúnde reaccione exageradamente y desencadene una cadena de acontecimientos similares a los que llevaron a su derrocamiento en 1968".
13 de setiembre de 1982
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Este análisis de la CIA elaborado un año después del primer documento que subestimaba a Sendero Luminoso, ofrece más detalles y precisión sobre los antecedentes, operaciones y nivel de riesgo que representa el movimiento. El documento predice acertadamente que podría producirse una intervención militar si las fuerzas policiales siguen mostrándose ineficaces y si ocurriera nuevamente un incidente de alto perfil, como la fuga de la cárcel de Ayacucho; y postula que, en tal caso, los militares insistirían en tener el mando total las operaciones antiterroristas. Fuentes de la Embajada de los EE.UU. señalan que a Belaúnde parece "preocuparle que una campaña antiterrorista del Ejército pueda comprometer la imagen positiva del Perú en materia de derechos humanos", y que ello también pueda incrementar el respaldo público hacia Sendero Luminoso. Aunque señala que la supervivencia de la democracia peruana era importante por su "efecto modélico" en la región, la CIA predice acertadamente que un golpe militar contra Belaúnde sería improbable. Sin embargo, la CIA vuelve a subestimar a Sendero Luminoso cuando predice que el movimiento "sería destrozado con toda seguridad si se enfrenta con el Ejército".
3 de octubre de 1984
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Esta sombría evaluación de la guerra lanzada por Sendero Luminoso detalla los orígenes, actividades y objetivos del movimiento, así como la ineficaz respuesta del gobierno a la crisis. El documento señala la intensificación y propagación de la violencia subversiva y las estrategias de reclutamiento, así como las recurrentes masacres de campesinos "indiferentes a la causa", especialmente en zonas de emergencia. El informe resalta que la infravaloración inicial de Sendero Luminoso por parte de Belaúnde, así como la dependencia de una fuerza policial incompetente que "carente de entrenamiento, de equipos y del respaldo de la población en general", no mejoraron con la introducción de la mejor preparada y equipada unidad policial "Los Sinchis". El ingreso del Ejército en diciembre de 1982 tampoco arregló la situación, ya que su "campaña estuvo mal planificada y ejecutada" e incluyó cada vez más frecuentes abusos a los derechos humanos. El informe resalta la "situación cada vez más sombría", en la cual Sendero Luminoso se negaba a renunciar a "su despiadada lucha armada", a lo que se sumaba la negativa de los militares al diálogo. El documento concluye que "las fuerzas armadas no parecen ser capaces de imponerse militarmente y podían sentirse tentados a intentar liquidar físicamente a Sendero Luminoso eliminando a cualquier sospechoso de ser miembro o simpatizante" del movimiento.
25 de mayo 1988
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Este informe de inteligencia especula que el recién nombrado Primer Ministro del APRA, Armando Villanueva, podría estar adoptando una nueva política para desalentar un golpe militar y "cumplir exigencias de desplegar mayores esfuerzos contra la insurgencia". Tras reunirse con militares de alto rango, entre ellos el Ministro de Defensa, Enrique López-Albújar, Villanueva redactó un comunicado que respaldaba la versión del Ejército negando la matanza de Cayara, Ayacucho. Villanueva "habría comentado que no le importaba si el Ejército ejecutaba a todos los combatientes de Sendero Luminoso (SL) que capturase, siempre y cuando las ejecuciones se hicieran discretamente", al tiempo que prometía a los militares que cualquier intento de investigación sobre Cayara por parte de la oposición "sería rechazado de inmediato". El documento concluye que el éxito de Villanueva en desviar pedidos de investigaciones por parte de la oposición "probablemente tendrá un impacto considerable en las futuras relaciones entre el gobierno y los militares".
14 de junio de 1988
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Tras la captura de Osmán Morote, alto mando de Sendero Luminoso, este análisis de inteligencia predice que esta detención "tendrá escaso efecto a largo plazo sobre el terrorismo en Perú", pero brindará "un necesario e inmediato impulso a las fuerzas antiterroristas peruanas". El autor considera que la captura no provocará un incremento de los atentados terroristas contra objetivos estadounidenses, ya que Sendero Luminoso no ha indicado asociación alguna entre la detención y la participación de los Estados Unidos. Morote había estado en Lima para coordinar atentados terroristas en conmemoración de las matanzas de presos de junio de 1986. El cable describe a Morote como un "partidario extremo de la línea dura, supuestamente responsable por gran parte de la violencia de SL contra campesinos rurales indígenas".
29 de noviembre de 1988
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Basándose en numerosas entrevistas realizadas con funcionarios militares, policiales, gubernamentales, eclesiásticos, sindicales y universitarios, el consejero político de la Embajada de EE.UU. relata una horrenda visita a Ayacucho, donde las condiciones económicas, políticas y de derechos humanos se han deteriorado enormemente desde la última visita realizada en marzo. Los cambios más serios eran la aparición del escuadrón de la muerte llamado Comando “Rodrigo Franco” (CRF) y el deterioro económico general. Estrategias de supervivencia de "no tomar partido", asumidas anteriormente por los campesinos, ya no parecían viables dada la creciente violencia. El funcionario de la Embajada señala que, en vísperas de otro "paro armado" decretado por Sendero Luminoso, los pobladores están recibiendo amenazas de violencia por parte de Sendero Luminoso si no lo acatan, y al mismo tiempo son amenazados de muerte por el CRF si obedecen el paro. El cable señala asimismo que "la masacre de Cayara y sus secuelas –especialmente la decisión del gobierno de respaldar al Comando Político-Militar— han dejado el deprimente mensaje de que, al momento de la verdad, los militares están por encima de la ley".
1 de diciembre de 1988
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Este informe de inteligencia, que se publica anualmente, ofrece reportes detallados sobre países de todo el mundo. Este extracto de la sección sobre el Perú brinda una visión general de la estructura del gobierno, las amenazas internas y externas, la economía y la influencia comunista. También proporciona un análisis detallado de cada rama de las fuerzas armadas. Este informe de 1988 señala que "la democracia peruana enfrenta una seria amenaza por parte de subversivos y narcotraficantes, mientras que la actual crisis económica inhibe la ejecución de proyectos costosos pero vitales, necesarios para la construcción de la nación, que ayuden a eliminar las causas que originan la insurgencia".
4 de abril de 1989
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Este cable de inteligencia demuestra la compleja red de complicidad entre los agricultores cocaleros, Sendero Luminoso, la policía corrupta y los narcotraficantes colombianos. Tanto el 27 de febrero como el 27 de marzo de 1989, Sendero Luminoso y los narcotraficantes colombianos atacaron a la policía, "al menos en parte, debido a la corrupción y el doble juego de ésta". El incidente fue provocado por la captura por fuerzas antidrogas del traficante colombiano "Buke", quien después fue liberado gracias a un soborno de 70,000 dólares pagados a un funcionario. Antes de la captura de Buke, los traficantes en Uchiza habían estado pagando recurrentemente dinero a la policía local para recibir protección, pero ésta seguía entregando información a los agentes antidrogas en Santa Lucía y Tingo María, lo que provocó el ataque y la ejecución sumaria del capitán de policía Mocoso por parte de los criminales, al verse traicionados. Según el cable, efectivos especiales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) participaron en la evacuación de los muertos y heridos, observaron personalmente el escenario del ataque y pudieron interrogar a muchos de los policías sobrevivientes del mismo.
2 de julio de 1990
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Esta Embajada de EE.UU. evalúa la solicitud de asilo del ex-fiscal especial Carlos Escobar Pineda, quien había investigado previamente la masacre de Cayara ocurrida en 1988; el pedido de asilo se basa en el temor del ex-fiscal a enfrentar persecución por su trabajo en defensa de los derechos humanos en el Perú. La Embajada sostiene que Escobar está "esencialmente en lo cierto" al afirmar "que el Ejército era responsable de la masacre de Cayara, y probablemente de las posteriores muertes de testigos en el caso". La Embajada calificaba como sumamente alto el riesgo de persecución por parte del Ejército: "El riesgo de persecución aumenta significativamente si [el ex-fiscal] intenta reabrir el caso Cayara y lo consigue, o si decide viajar a Ayacucho u otro departamento que se encuentre bajo control militar". Pero la Embajada distinguía entre los asesinatos de "gente sin relevancia" como los pobladores de Cayara y figuras públicas de alto perfil como Escobar, agregando que el asesinato de éste constituiría "un salto cualitativo significativo para el Ejército".
La Embajada concluye que, incluso si "Escobar no corre peligro mortal, es probable que sea objeto de amenazas de muerte y hostigamiento a su regreso al Perú si se mantiene activo en su trabajo de derechos humanos".
Además, el autor del cable pide que se consideren las implicancias políticas mayores que podría sentar para sospechosos de terrorismo el precedente de conceder el asilo en este caso, indicando que los sospechosos de terrorismo (lo sean realmente o no) enfrentan amenazas aun más graves, incluida la de detención arbitraria y tortura a manos de policías y militares, ejecución extrajudicial por parte del Ejército, y asesinato a manos del CRF. [Nota: Escobar obtuvo el asilo solicitado].
24 de diciembre de 1990
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
El segundo de una serie de cables sobre el viaje a Ayacucho del Embajador de los EE.UU., Anthony Quainton, el documento se enfoca en la situación actual del lugar donde se originó Sendero Luminoso: la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. El cable afirma que si bien Sendero Luminoso todavía tiene una clara presencia entre el cuerpo docente y estudiantil, el nivel de influencia del movimiento se ha reducido notablemente allí desde su apogeo a inicios de la década de 1980. Sin embargo, profesores y estudiantes no senderistas siguen en la mira de los militares, como lo demuestran los asesinatos de Fernando Colonio, que dirigía la oficina de derechos humanos de la universidad, y del profesor de biología Ciro Aramburú. El autor señala que, aunque hubo numerosos testigos de hechos atribuibles a las fuerzas militares y policiales, nadie está dispuesto a presentar una denuncia formal, especialmente después de que todos los testigos de la matanza de Cayara resultaran asesinados o desaparecidos.
18 de marzo de 1991
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Este cable relata la visita de funcionarios políticos de la Embajada de los EE.UU. a Huancayo, donde Sendero Luminoso tiene una presencia significativa, aunque no lo suficiente para crear "zonas liberadas". Aunque la policía y autoridades elegidas se han replegado, Sendero Luminoso sigue operando mayormente en la clandestinidad y "no ha organizado eficazmente" esas zonas. Pese a la impopularidad de Sendero Luminoso, el gobierno también carece de "una estrategia coherente o eficaz para ganar esta guerra". El director de la morgue local confirma que es elevado el número de muertes causadas por los terroristas y las fuerzas de seguridad.
20 de febrero de 1992
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Al comentar el reciente paro armado decretado por Sendero Luminoso, este cable señala: "Sendero dejó claro que buscaba derramamiento de sangre. Y lo consiguió". Los atentados de Sendero cobraron nueve vidas, pero el acto más espectacular del grupo terrorista fue el asesinato de la "lideresa popular por excelencia" y Teniente-Alcaldesa de Villa El Salvador, María Elena Moyano, el 15 de febrero. La violenta muerte provocó una serie de censuras de la población, pero también causó el "miedo más desolador" y un "atronador silencio" por parte de los pobladores en las barriadas de Lima.
18 de enero de 1993
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
En conversación con un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, el ex-Director de la DINCOTE describió la relación entre el Presidente Fujimori y Vladimiro Montesinos, así como la estrategia antiterrorista y las políticas referidas a derechos humanos. Vidal esbozó los antecedentes y el carácter general de Montesinos, destacando su singular ambición de poder a lo largo de su carrera. El cable señala que Vidal es una figura muy popular debido a su "espectacular captura de la cúpula de Sendero Luminoso", incluido Abimael Guzmán. El autor especula que Vidal fue sacado de su puesto en DINCOTE debido a "celos de alto nivel" y "descontento ante su insistencia en altos estándares profesionales".
12 de marzo de 1993
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Este cable resalta la azarosa suerte que corrían los militantes del MRTA, que antes controlaban el norte del departamento de San Martín, en el valle del Huallaga, pero que recientemente habían sido "duramente golpeados" por una estrategia más eficaz del comandante del Ejército, General Eduardo Bellido. El mayor temor de los residentes locales, sin embargo, es que "Sendero Luminoso, un grupo guerrillero mucho más atroz y sangriento, avance hacia el norte para llenar ese vacío". Algunas fuentes en la región señalan que "el 98% de todos quienes están en custodia en centros de detención militares reciben torturas, las cuales son severas en la mayoría de los casos: reciben golpizas, son sumergidos en agua o colgados de los brazos, les aplican descargas eléctricas". Pero cuando el aclamado General Bellido descubre quiénes perpetran los mayores abusos, por lo menos los transfiere de ese lugar – aunque suele hacerlo ascendiéndolos y destacándolos a otro puesto. El cable también comenta los duros retos y abusos que enfrentan las mujeres en la región, donde la violencia "es la norma, no la excepción".
11 de enero de 1994
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Este cable trata de la estrategia política empleada por el Comandante del Ejército, General Hermoza, para consolidar su poder mediante cambios de personal y ascensos. Esto incluye la salida del General Bellido (mencionado favorablemente en el último documento de la Embajada), quien fue enviado a Israel por haber expuesto los vínculos de una serie de militares con el narcotráfico. Por otro lado, el General Luis Pérez Documet, vinculado a la masacre de La Cantuta y otros abusos a los derechos humanos, ha sido recompensado con un puesto militar en España. Cuando el exiliado Teniente General Rodolfo Robles intentó denunciar las desapariciones de La Cantuta y acudió a su amigo el Teniente General José Picón del Tribunal Supremo de Justicia Militar, éste se negó a abrir un caso y, más bien denunció a Robles ante Hermoza. Como recompensa por su lealtad, Hermoza decidió ascender a Picón y lo nombró Comandante Regional del Cusco.
29 de abril de 1994
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Este cable detalla la "Operación Aries", una intervención antisubversiva en el centro del país, cuyo objetivo era destruir columnas de Sendero Luminoso que habían estado operativas durante largo tiempo, pero que "resultó cobrando numerosas víctimas civiles". Tras ametrallar varias aldeas cerca de Tingo María, tropas de infantería ingresaron a los poblados y "mataron y violaron a los pobladores, y arrasaron por completo todas las casas", según testigos citados en el informe de SOUTHCOM. No se permite el ingreso de observadores externos a la zona, por lo cual se desconoce el número exacto de víctimas, y el gobierno ha negado cualquier responsabilidad en las atrocidades. El cable señala que, pese a que en los últimos años se han dado algunos avances en cuanto a respeto por los derechos humanos en el Perú, "no todas las novedades son positivas". Siguen ocurriendo abusos y desapariciones en los frentes de Huallaga y Pucallpa, alimentados en parte por "la falta de fiscalización de los abusos contra los derechos humanos cometidos por militares en el pasado".
18 de abril de 1997
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Este cable proporciona detalles sobre el asesinato, desmembramiento y decapitación de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Mariela Barreto. Aunque el gobierno lo niega, muchos especulan que Barreto fue víctima de sus propios colegas pertenecientes al escuadrón de la muerte Grupo Colina en represalia por la filtración de información sobre la masacre de La Cantuta, perpetrada en 1992. Otra ex-agente del SIE, Leonor La Rosa, también fue detenida y torturada por su propia unidad, y otro ex-agente del SIE ha afirmado públicamente que el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Hermoza, conocía sobre la tortura de agentes del SIE sospechosos de cometer deslealtad contra la unidad; y ha insistido en que el jefe del SIN, Vladimiro Montesinos, fue responsable de la creación del Grupo Colina.
En sus comentarios finales, la Embajada señala que, "incluso si un puñado de agentes de inteligencia son condenados por alguno de esos hechos, el sistema habrá identificado y castigado sólo a quienes cometieron el delito, no a los culpables de permitir la evolución de una cultura al interior de los servicios de inteligencia o fuerzas de seguridad que tolera violaciones a los derechos humanos". Para muchos "peruanos políticamente conscientes", las revelaciones sobre tortura y asesinato de agentes de inteligencia en el Perú se habían "traducido en una sensación de que, "como dijo un político a la Embajada, "éste no es el gobierno que yo creía estar apoyando". [Nota: en junio de 2023, Vladimiro Montesinos recibió una condena de 23 años por el secuestro, asesinato y descuartizamiento de Barreto].
10 de junio de 1997
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Basado en fuentes no reveladas, este cable relata la ejecución extrajudicial de dos miembros del MRTA tras haberse rendido, al final de la crisis de rehenes en la residencia del Embajador de Japón, indicando que "la orden de no capturar vivo a ningún miembro del MRTA provino del propio Presidente Alberto Fujimori". El mensaje describe cómo uno de los comandos militares en la operación de rescate reconoció al emerretista Roli [Rolly] Rojas ("El Árabe") entre los rehenes que eran conducidos fuera de la residencia, lo detuvo, lo llevó de vuelta a la casa y le disparó en la cabeza. Luego, colocó su cadáver junto al cuerpo del líder emerretista Néstor Cerpa, abatido por el fuego cruzado. El cable también señala que una mujer emerretista fue ejecutada después de rendirse a las fuerzas de seguridad.
18 de marzo de 2000
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Este cable muestra el enfado del Sub-Secretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Pickering, con el gobierno peruano por haber creado "un problema mayúsculo" para el gobierno de los EE.UU., al enviar a ese país a Tomás Ricardo Anderson Kohatsu, conocido violador de los derechos humanos, para que testifique ante la Organización de Estados Americanos. Pickering advirtió al Ministro de Asuntos Exteriores del Perú, Fernando de Trazegnies, que "nunca envíe a los Estados Unidos a personajes como Anderson Kohatsu como representantes del gobierno peruano en tales circunstancias". Como Jefe de Seguridad de la sección de Contrainteligencia del SIE, Anderson Kohatsu había estado implicado en la tortura de la agente Leonor La Rosa, quien fuera atacada y torturada hasta quedar permanentemente discapacitada porque los funcionarios del SIE sospechaban que había filtrado información negativa a periodistas sobre los planes que el gobierno de Fujimori tenía para intimidar a la prensa. El 9 de marzo de 2000, el FBI había detenido a Anderson Kohatsu en el aeropuerto de Houston, en tanto que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos buscaba procesarlo de acuerdo a la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de 1991. En última instancia, el Departamento de Estado permitió el retorno de Anderson Kohatsu al Perú, apelando a su inmunidad diplomática, pero Pickering dijo a De Trazegnies que el caso no parecía estar "cerrado, ni moral ni legalmente, y que medidas adicionales del gobierno peruano para garantizar que se haga justicia constituirían un poderoso mensaje". El Ministro de Asuntos Exteriores negó tener conocimiento del caso. (Para más información sobre este incidente, véase este artículo fechado 11 de marzo de 2000, publicado por The Washington Post).
1 de enero de 2001
Fuente: Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú
Esta publicación, diseñada como una novela gráfica y editada por la CVR, resalta los principales objetivos, identidad de los comisionados y actividades de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La publicación alienta al público en general a participar compartiendo sus testimonios, sin temor a represalias.
30 de noviembre de 2001
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
El Embajador de EE.UU. John Hamilton se reúne con el recientemente nombrado presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), Salomón Lerner, y otros nueve miembros de la CVR, ofreciendo el firme apoyo de los EE.UU. a la misión y el trabajo de la misma. Hamilton describe el tipo de apoyo financiero actual y futuro que los EE.UU. han previsto dar a la comisión, y alienta a los comisionados a "recurrir a FOIA como un herramienta para acceder a documentos del gobierno de los EE.UU." Indicando el prolongado proceso de la Ley de Libertad de Información (FOIA), Hamilton explica al grupo que el Archivo de Seguridad Nacional ya ha presentado 300 solicitudes FOIA sobre el Perú. Lerner indica que los comisionados ya están en contacto con el Archivo y entrega al Embajador una carta dirigida al Presidente Bush "solicitando asistencia para liberar documentos de los EE.UU. para ser empleados en el trabajo de la comisión".
27 de agosto de 2003
Fuente: Solicitud según la Ley de Libertad de Información
Según este cable de la Embajada de Estados Unidos, pese a recientes ataques públicos contra la Comisión de la Verdad y sus miembros, la CVR ha recibido el respaldo tanto del actual gobierno de Toledo como del público en general, con altos índices de aprobación en encuestas de opinión. El "aluvión de críticas" proviene de "personajes y grupos preocupados por la manera en que se verán representadas sus acciones e intereses" en el informe final, el cual se anticipa "reseñará negativamente" las presidencias de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori, y detallará abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El informe "seguramente capturará los titulares", según la Embajada, y sus "conclusiones sobre la responsabilidad de la violencia serán objeto de acalorados debates" mucho después de su publicación.